(29 de marzo, de 2009)
Derechohumanistas de El Paso, Texas, coincidieron en declarar que las indemnizaciones monetarias por los abusos que se comenten contra los inmigrantes no compensan los daños sufridos por estos, sin embargo, prenden una luz roja para llamar la atención nacional sobre el problema.
Las manifestaciones tuvieron lugar luego de que autoridades del Condado de Santa Cruz, Arizona, aprobaran resarcir con 3.18 millones de dólares a personas que sufrieron abusos físicos y psicológicos cuando estuvieron detenidas entre febrero de 2006 y agosto de 2008, en reclusorios de aquella circunscripción.
“El monto monetario es lo de menos, esa remuneración no logrará subsanar el ataque a la dignidad humana, las vejaciones o denigraciones de las que fueron víctimas esas personas”, dijo Carlos Marentes, director ejecutivo del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos (CTAF).
Y agregó: “Cuantas humillaciones similares a estas y peores habrán ocurrido y han quedado en el olvido, en la impunidad”.
Con este sentir convino la directora ejecutiva de la Oficina de Servicios Diocesanos para Inmigrantes y Refugiados, Ileana Holguín.
“Ningún sufrimiento humano, ningún abuso logra remediarse con dinero, el más justo y mayor de los desagravios es que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes”, precisó.
Según Holguín, en los últimos años han crecido de manera descomunal las aprehensiones de los llamados indocumentados y a la par, resultan inimaginables las historias de arbitrariedades que se cometen contra ellos.
Acotó que: “Es alarmante la cantidad de centros de detención que se construyen día a día, los recursos y medios que se destinan a los mismos”.
“La palabra de orden no es indemnizar sino cambiar, frenar estos ultrajes”, sentenció.
La erogación monetaria deberá ser desembolsada por las autoridades del Condado de Santa Cruz para de esa manera dar por terminada una demanda colectiva introducida por el abogado Mark E. Merin, de Sacramento, California.
Los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes vieron en este “acontecimiento” una acción positiva y favorable en cuanto a cambios en materia migratoria.
Marentes puntualizó: “Esto sienta precedentes importantes y nos dice que tenemos serios problemas en el sistema judicial en cuanto a como procede con estos detenidos”.
“Lo veo muy acertado, sobretodo porque públicamente se esta reconociendo que en los Estados Unidos aún se cometen humillaciones contra los seres humanos”, acotó.
Y dijo con énfasis “seria bueno que el presidente Barack Obama tome carta en el asunto para que no se repitan situaciones como las de las cárceles de Pecos y de Guantánamo”.
En este sentido, la abogada Holguín, agregó: “Este hecho atrae la atención a nivel de país sobre esta situación; es un indicativo de que las autoridades aceptan que han actuado incorrectamente hasta el momento”.
y concluyó: “Al menos, ya saben que de volver a incurrir en estos atropellos, no quedaran impunes pues tendrán que atenerse a las consecuencias”, Las autoridades informaron que el dinero de la indemnización será repartido entre las víctimas, aunque no precisó la cantidad total de “beneficiados”.
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