Peligro inminente

(25 de mayo de 2008)

Al Departamento de Estado de los Estados Unidos le quedan 15 días para concluir las juntas públicas que podrían ayudar a determinar el permiso presidencial para la construcción del oleoducto que atravesaría la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez.
De acuerdo con el protocolo establecido, y como parte del ejercicio de la democracia, la autorización debe tomarse con base en un análisis de varios factores que, entre otros, incluyen criterios de la población estadounidense que pudiera ser afectada por la obra, un estudio de factibilidad y el proyecto en general.
La empresa PMI, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, tiene planeado abastecer aproximadamente con casi dos millones de barriles de combustible diarios a Ciudad Juárez, a través del poliducto a instalar en Longhorn, al Noreste de El Paso.
La propuesta de PMI Services, denominado “Frontera Juárez Pipeline”, fue presentada desde el 30 de abril del 2004, sin embargo, en enero de 2008 fue que se solicitó el permiso presidencial al Congreso de los Estados Unidos.
Desde entonces, el plan ha enfrentado oposiciones de diversos sectores, principalmente por los pobladores de El Paso, cuyos representantes en el Condado expresaron desde ese mes su negativa a aceptar el poliducto con el argumento de que no surge del interés de los habitantes de la zona.
Durante las audiencias públicas realizadas, los oradores se han pronunciado en contra del proyecto, casi todos, apuntando a la inviabilidad de albergar un “riesgo innecesario” en la zona Este de El Paso.
El consentimiento presidencial es obligatorio en proyectos como la construcción de puentes, poliductos, túneles y tranvías en las zonas fronterizas y el Departamento de Estado es la dependencia facultada de expedir dicha autorización.
El proyecto de PEMEX debe cumplir otros estatutos no menos importantes, dentro de ellos, los relacionados con la Política Nacional de Medio Ambiente, el Acto Nacional de Preservación Histórica y la orden ejecutiva 12898 relacionada con la justicia al medio ambiente.
De acuerdo con los registros federales, el Departamento de Estado tendrá que verificar la Sección 106 del Acta de Preservación Histórica, para considerar el impacto “cultural y tradicional” que este proyecto presentará entre las tribus de la comunidad Nativa Americana de esa región.
La conductora de 10.75 pulgadas de diámetro, incluye 28 millas de tubería que atravesaría por debajo del Río Grande-Bravo, a unos cinco pies de profundidad como mínimo, o bien, cinco pies por debajo del punto más bajo del río, con el propósito de transportar carburantes hasta las instalaciones de PEMEX Refinación, ubicadas en el sur de Ciudad Juárez.
En tanto se acorta el plazo para conocer el veredicto presidencial, los Paseños confían en que la decisión se fundamente en sólidos postulados que preserven la vida y la tranquilidad de la comunidad, que hasta el momento ha vivido sin el riesgo inminente que representa el poliducto de PMI Services.